La ley propone establecer que los juicios criminales que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión, como homicidios, violaciones y otros delitos graves sean realizados de manera obligatoria por jurados populares, integrados por 12 ciudadanos.
El jurado deberá ser elegido con condiciones de igualdad de género (hombres y mujeres en partes iguales), para luego desempeñarse bajo las instrucciones legales de un juez con el objetivo de decidir por unanimidad la culpabilidad o no del acusado.
